En las últimas semanas está siendo noticia la situación de la atención a la salud mental en la sanidad pública, incluido lo referido a la necesidad de contar con más psicólogos clínicos que puedan atender la demanda de atención psicológica, por desgracia cada vez mayor. De hecho, ANPIR estima que España solo tiene 2.800 psicólogos clínicos en la sanidad pública. Si bien el más reciente desencadenante ha sido una intervención de Íñigo Errejón, portavoz del partido político Más Madrid, en la que reclamaba un plan de salud mental y que encontró una desafortunada respuesta que pone de manifiesto el estigma que todavía planea sobre los problemas psicológicos, lo cierto es que en los últimos meses las consecuencias en el estado anímico y el nivel de ansiedad de la población general debido a la actual pandemia y las restricciones asociadas se están haciendo notar de forma alarmante.
Llevamos más de un año haciendo frente a una situación extrema, global, cargada de incertidumbre y rodeada de enfermedad, pérdida y desesperanza. Es normal que muchas personas se sientan desanimadas, preocupadas, apáticas o de otras maneras. Cuando nuestras circunstancias cambian de manera tan pronunciada, eso nos afecta irremediablemente y no es signo de un trastorno, necesariamente. Hay factores que parecen estar relacionados de manera más evidente con el malestar psíquico: las secuelas de la enfermedad, la muerte de seres queridos o la pérdida del trabajo, entre otros. Pero hay más cuestiones que también juegan un papel importante. Las restricciones de movilidad y contacto social nos han hecho perder a muchos algunas cosas que eran fundamentales para nuestro bienestar: el apoyo social y familiar, la realización de actividades saludables, la sensación de libertad de decisión… Es algo de lo que hablo con muchas personas en consulta últimamente; en algunos casos, se trata de circunstancias muy relacionadas con los motivos que llevan a la persona a buscar un tratamiento psicológico; en otros, aunque no sea el problema que se esté tratando, influyen negativamente en el proceso terapéutico, al consistir en sucesos vitales para cualquier persona que ocupan un lugar importante en sus vidas.
Sea más o menos normal, la cierto es que la demanda de atención psicológica especializada ha crecido considerablemente y se hace necesario contar con los recursos suficientes para atender a todas aquellas personas que lo necesiten. En algunos casos se tratará de contextualizar y normalizar las preocupaciones de quien acude a consulta. En otros, será necesario un tratamiento psicológico. En todos, probablemente, habrá que trabajar en crear unas condiciones sociales, económicas y políticas que promuevan el bienestar de la población. En cualquier caso, será necesaria la presencia de profesionales debidamente preparados que puedan evaluar qué es lo que necesita cada persona en particular y proporcionárselo de la mejor manera posible. La cuestión es, ¿tenemos los recursos adecuados para ello? Y ¿son accesibles para todo el mundo, universales?
Hace unos días Civio publicó un interesante y completo trabajo con el sugerente título “Pagar o esperar: cómo Europa -y España- tratan la ansiedad y la depresión”, en el que se señala como muchas veces el tiempo de espera entre sesión y sesión con un psicólogo clínico se hace tan largo que lleva a algunas personas a buscar un psicólogo en el ámbito privado… si se lo puede pagar. No entraré a valorar si lo que cuesta una consulta es caro o no, pero lo que si me parece innegable es que es un precio significativo que muchas personas no pueden hacer frente, y más cuando la pandemia está teniendo consecuencias económicas muy importantes en la vida de muchas familias. Y las prioridades son claras: alimentarse, resguardarse, proteger la salud y la supervivencia. No podemos dejar abandonada la salud mental de ninguna persona solo por el hecho de no tener suficientes recursos (ella, para pagar sesiones privadas; la administración, para ofrecer una atención psicológica eficaz). Lo sabemos y lo repetimos a menudo: la salud es un derecho humano fundamental. Según la O.M.S., “el derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras”. Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer al respecto para cumplir con esto.
La escasez de recursos especializados en la sanidad pública no solo tiene como consecuencia que se recurra a psicólogos con consulta privada, si no a la excesiva medicalización de los problemas humanos. La Cadena Ser, por ejemplo, se hizo eco de ello en este artículo, en el que se incluyen las experiencias de personas usuarias de estos servicios. Uno de los principales recursos que necesitan ser mejorados es el número de plazas de psicólogos clínicos en los servicios de salud de todas las comunidades autónomas, entre las que, además, se pueden encontrar grandes diferencias. ANPIR, la principal sociedad científica de psicología clínica en España, integrada por más de 1400 miembros (psicólogos clínicos y residentes PIR), lleva un tiempo denunciando esta situación. Reclaman (o más bien, reclamamos, ya que formo parte de la asociación) que se mejore la ratio de psicólogos clínicos por número de habitantes, bastante deficitaria, con el objetivo de poder “garantizar el derecho del ciudadano a un acceso efectivo a tratamientos psicológicos en la sanidad pública”.
“Según la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad al Defensor del Pueblo, la ratio de psicólogos en España es aproximadamente de 6 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la recomendación de la comunidad internacional es de 20, en base a datos recogidos por el portal Civio” indica la citada noticia de la Cadena Ser, donde Javier Prado, vocal de ANPIR, señala que “Al final, el médico de familia, con 10 minutos por paciente si llega, se maneja como puede y la respuesta son los psicofármacos” que lleva a que los problemas “se vuelvan permanentes y no se acaben de recuperar”. El tiempo de espera, indica también Prado, entre sesiones en un centro de salud mental puede llegar a ser de 2 o 3 meses, condición en la que es muy difícil ofrecer un tratamiento psicológico que resulte eficaz.
Como decía más arriba, las diferencias entre los servicios de salud autonómicas son, en algunos casos, abismales, como muestra la siguiente tabla (facilitada por ANPIR):
A nadie se le escapa que, en otros ámbitos de la vida y otras disciplinas, la frecuencia con la que se hace una intervención es fundamental para que esta consiga el resultado esperado, que en este caso tiene que ver con la salud mental de las personas. Por lo tanto, no basta con que el psicólogo clínico sea muy bueno ni que se lleve a cabo un tratamiento considerado eficaz; es fundamental contar con las condiciones necesarias para que la terapia funcione. Al igual que hoy en día podemos comprender que tiene que haber un período concreto entre las dos dosis de determinadas vacunas para la covid19, también es así para la psicoterapia, tal y como apoyan diversos estudios: la frecuencia de las sesiones influye en los resultados.
Así que, para garantizar una atención psicológica universal, necesitamos más especialistas en los servicios públicos. Para ello no es suficiente con aumentar las plazas de psicólogos clínicos, si no también habrá que hacer lo propio con el número de plazas ofertadas para el PIR, la formación sanitaria especializada que permite obtener el título de especialista en psicología clínica, requisito para poder trabajar en la sanidad pública. En ese sentido, ANPIR propone que se convoquen 422 plazas PIR para poder duplicar el número de clínicos en los próximos años (en la actual convocatoria se han ofertado 198 plazas).
No solo es problemático el bajo número de especialistas y el tiempo de espera para ser atendido. También lo es el hecho de que no haya una organización adecuada para atender problemáticas particulares de la manera que se ha demostrado más eficaz (por ejemplo, recursos específicos para el trabajo con niños y adolescentes con trastornos graves). Además, las agendas sobrecargadas de los clínicos son un factor de riesgo para desarrollar situaciones de burnout en los profesionales, que en no pocas ocasiones se ven desbordados por la elevada demanda. Podría contar mi propia experiencia del año pasado, cuando trabajé algunos meses en un centro de salud mental de adultos y un centro de salud mental infanto-juvenil de los servicios públicos del Principado de Asturias. El hecho de tener que dar citas para después de 2 o 3 meses resultaba muy frustrante para las personas que necesitaban una atención adecuada, y también era frustrante y extenuante para mí, al igual que le sucede a muchos de mis compañeros y compañeras de profesión que, día si día también, hacen esfuerzos titánicos por proporcionar el mejor servicio posible a la población que atienden.
No recuerdo, en años recientes, una época en la que se hablase tanto en los medios de comunicación de la importancia de la psicología clínica y los tratamientos psicológicos. Ojalá no se quedo en eso, en hablar de ello, si no que todos estos datos y buenas intenciones se terminen transformando en medidas concretas que garanticen lo que es, como decía, un derecho humano fundamental.
